Con "amenazas de muerte y brutales golpizas", inmigrantes indocumentados están siendo obligados a distribuir drogas en centros de trabajo y escuelas públicas por reclutadores locales, que podrían estar relacionados con carteles internacionales y pandillas, indicaron investigadores de agencias locales, federales y expertos en la materia.
Sandra Pullen, portavoz de la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) en Los Ángeles indicó que los carteles han encontrado en los indocumentados a las víctimas idóneas para extender sus actividades ilícitas, ante el temor y la desconfianza que estos sienten hacia las autoridades, lo que impide que denuncien los hechos, una situación que, según la fuente, está propiciando el crecimiento de este tipo de delitos.
Pullen apuntó que hasta hace unos años las víctimas principales eran inmigrantes indocumentados reclutados en sus países de origen e ingresados en Estados Unidos de manera ilegal, a los que luego obligaban a distribuir droga como pago de la deuda adquirida por el traslado. Sin embargo, actualmente también están aumentado los casos de inmigrantes locales que son investigados por redes de narcotraficantes y después forzados a trabajar para ellos bajo amenazas de muerte.
"Es una situación muy complicada. Definitivamente ellos son víctimas de estas redes, pero desafortunadamente la inocencia en estos casos es muy difícil de comprobar", indicó Pullen.
Aunque no se cuenta con estadísticas sobre el tema, autoridades locales afirman que es en la comunidad hispana donde más podrían estar sucediendo estos hechos, que involucran a la comunidad inmigrante y que están mayormente relacionados con la distribución de drogas artificiales.
El Centro Nacional de Inteligencia para las Drogas indica que actualmente la mayoría de las metanfetaminas disponibles en el condado de Los Ángeles proviene de México, principalmente de los estados de Jalisco, Sinaloa y Sonora.
Como muestra de esta tendencia, agrega el organismo, el número de laboratorios de metanfetaminas confiscados en el sur de California bajó de 106 en 2005 a menos de 40 el año pasado, debido a que más del 50% de estos narcóticos proviene de México, donde es más fácil y barato producir drogas sintéticas.
"No sabemos con precisión si son carteles extranjeros o bandas locales los que están reclutando a los inmigrantes. Tenemos conocimiento de que los están obligando a servir como traficantes de drogas, pero nosotros no contamos con denuncias formales que nos permitan seguir el rastro hacia un cartel", destacó el teniente Joseph Núñez, portavoz de la Oficina Antinarcóticos del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.
Núñez comentó que tras arrestos de rutina, las autoridades se han dado cuenta de que estas personas no están vinculadas directamente con las redes del narcotráfico, sino que viven amenazadas de muerte.
Tan sólo en 2006, fueron arrestadas 14,078 personas relacionadas con posesión y distribución de drogas en el condado de Los Ángeles, el segundo motivo de arresto después del robo.
Una de estas supuestas víctimas, que prefirió quedar en el anonimato y cuyo caso ahora está bajo investigación de la DEA, dijo a La Opinión que luego de trabajar un par de meses en una fábrica del condado de Los Ángeles, uno de sus supervisores le ofreció distribuir droga en una escuela comunitaria para adultos. Añadió que tras negarse en varias ocasiones fue brutalmente golpeado por un grupo de pandilleros y después amenazado de muerte.
"Tienen los nombres de mis hijos, sus direcciones, todo. Ellos [los narcotraficantes] querían que yo repartiera drogas en la escuela donde iba a estudiar inglés y decían que me iban a matar si me negaba", dijo.
Por su parte, la portavoz de la DEA no ofreció dar detalles de la investigación, pues el caso aún está abierto.
Una segunda supuesta víctima narró también a este diario que acudió a las autoridades de Oxnard para denunciar que, tras haberse negado a distribuir droga en la fábrica donde trabajaba, un grupo de pandilleros desmanteló su automóvil, dejándolo completamente inservible.
"Me llamaron a mi celular y me dijeron que los próximos serían mi mujer y mis hijos. ¡No sé qué hacer! La verdad yo siento que ni la policía me puede ayudar y tengo miedo de que algo le pase a mi familia", expresó.
CASOS COMPLICADOSPese a la extorsión y la amenaza de muerte, desafortunadamente es poco probable que la víctima pueda demostrar su inocencia, indicó un experto en la materia.
"Los carteles llevan la ventaja y los inmigrantes son altamente vulnerables. Todos sabemos de mujeres inmigrantes que son obligadas a prostituirse y en esas situaciones la evidencia es su propio cuerpo; pero en el caso de distribución de drogas, es muy difícil determinar que son inocentes", recalcó Larry Gaines, director del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad Estatal de California en San Bernardino.
Otro factor que obstruye la investigación de estos casos es la falta de preparación de los cuerpos de policía, que podrían estar arrestando a personas inocentes bajo cargos de distribución de narcóticos, sin ir mas allá de los hechos.
"Lo que sí es una realidad es que estos casos están sucediendo y víctimas inocentes están pagando", dijo Gaines.
Sin embargo, tanto Gaines como el teniente Núñez hicieron un llamado a la comunidad para que se acerquen a sus cuerpos locales de seguridad a denunciar los hechos.
"A nosotros no nos interesa el estatus legal de las personas. Si no denuncian estos hechos habrá más y más víctimas; pero si nos informan de los hechos tendremos maneras de demostrar su inocencia y también de coordinar con organismos de otros países para proteger a las familias", apuntó el portavoz del Departamento del Sheriff.








