MÉXICO, D.F.— Jesús Peña "El Concorde", integrante del cartel del Golfo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al sur de México, comandaba una peculiar organización de inteligencia dentro de la policía que le rendía cuentas sobre los operativos militares y estatales en contra de la delincuencia organizada.
Los siete agentes involucrados son ahora procesados y sus casos sirvieron de punta de lanza para que 1,200 de sus compañeros en el estado de Chiapas, fueran sometidos a pruebas de confianza.
David Virrueta, un policía de Tijuana, en la frontera norte, invitó a unos amigos a su rancho para un comilona. Al calor de las copas y en medio de una discusión tomó su arma de cargo y asesinó a dos de sus invitados, pero siguió en el puesto hasta que fue sometido a una evaluación y se descubrió el delito.
El homicida forma parte de la lista de un total de 129 elementos policiacos, ministerios públicos y secretarios de acuerdos destituidos el pasado 29 de agosto por tener vínculos con el crimen organizado, torturas, falsificación de documentos, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y faltas administrativas.
Todos los delitos se detectaron a través de evaluaciones de confianza —que incluyen antidoping, polígrafo, psicológicas, económicas y entorno social—, compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto pasado.
En tal documento se estimó un plazo de un año para depurar las instituciones de seguridad en el país; sin embargo, algunas entidades como el Estado de México, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Tamaulipas y Chihuahua ya aplicaron los controles.
El pasado lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua, también en la franja limítrofe a Estados Unidos, fueron cesados 400 elementos de la policía municipal por supuestamente recibir dinero a cambio de ignorar el paso de cargamentos de droga y para "no molestar" a los narcotraficantes.
Por situaciones similares fueron echados recientemente 69 agentes de Reynosa, Tamaulipas.
En Nuevo León, entre el año 2007 y lo que va del 2008, más de 900 elementos —una cuarta parte de la totalidad de la policía estatal y municipal— fueron expulsados de sus cargos. Alrededor del 15% enfrenta procesos legales.
En el Estado de México, unos 17 mil agentes estatales y más de 10 mil guardias de los municipios están siendo obligados a someterse a exámenes de control de confianza.
Este examen es pagado por los gobiernos locales, con un costo de entre 600 y 700 pesos por cada policía evaluado [unos 70 dólares]", aseguró Miguel Matamoros, secretario de Seguridad Pública de Tlanepantla, municipio conurbano del Distrito Federal.
Esto implica que para la credibilidad del personal de seguridad pública, procuración de justicia y custodia penitenciaria se ha gastado alrededor de 4.5 millones de dólares entre enero y junio de 2008, para aplicar las 64,327 evaluaciones reportadas en el segundo informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Las pruebas se dividieron en 6,871 médicas, 29,285 toxicológicas, 3,020 psicológicas, 6,085 de conocimientos generales, 4,733 de técnicas de la función policial; 5,569 de entorno social y situación patrimonial y 8,764 de confianza.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal ignora cuántos de estos funcionarios fueron dados de baja o procesados judicialmente, dado que los municipios "no reportan los resultados de estas pruebas", dijo a La Opinión Fernando Dávila, subdirector de Información de la dependencia.
Esta falta de coordinación genera una discusión pública sobre dónde irán a parar los policías que defraudaron los controles de confianza.
En Ciudad Juárez, el alcalde dijo que a los agentes cesados que no enfrenten algún cargo por delitos, se les ofrecerá empleo en las maquiladoras; mientras que en Nuevo León, los elementos que sí aprueben las evaluaciones serán premiados con un mes de salario.
Tomando en cuenta experiencias recientes, el diputado Eduardo de la Torre, de la Comisión de Defensa Nacional, impulsa la creación de una base de datos con el historial de los malos elementos con el fin de que estos no se reinstalen en los cuerpos policíacos de otras entidades o se incorporen a los carteles de la droga.
"Muchos de ellos, sin trabajo, crean una especie de grupos parapoliciacos que salvaguardan los intereses del crimen organizado", alarmó el legislador.
La iniciativa ha tenido eco con funcionarios como Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, donde policías protagonizan constantes escándalos por sus vínculos con los delincuentes
Recientemente, Calderón pidió al Congreso agilizar las reformas que darían cadena perpetua a los policías o ex policías que participen en secuestros.
De acuerdo con recuentos de la prensa nacional, alrededor del 50% de los plagios en el país son cometidos por agentes de las diversas corporaciones policíacas. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, asegura que es el 80%.
En la actual Administración se han perpetrado más de cinco mil homicidios; 500 de ellos policías, militares y servidores públicos, según fuentes legislativas.









