La redada realizada por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Laurel, Mississippi —en las instalaciones de Howard Industries— que detuvo a casi 600 indocumentados es una operación similar en magnitud a la realizada en mayo pasado en Iowa, ademeas de ser la más grande en la historia del país.
Y los detenidos son un muestrario multicultural, pues provienen de Alemania, Perú, México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Brasil.
Es preocupante que se repitan en Mississippi las violaciones a los derechos de los arrestados que ocurrieron en un matadero de carne kosher en Iowa. Los indicios ya están presentes.
Los primeros reportes indican que las autoridades han estado interrogando a los arrestados sin la presencia de sus abogados, una situación similar en Iowa que fue preliminar a otras irregularidades de mayor magnitud.
Por ejemplo, en Iowa se aceleraron las acciones ante varios jueces de inmigración, reunidos en tiendas montadas apresuradamente por fiscales federales, pidiendo a los detenidos que se declararan culpables pese que a los inmigrantes indocumentados no entendían lo que ocurría, tal como lo indicó el traductor federal que fue traído para esa ocasión y que no fue suficiente para traducir tantas entrevistas.
En Iowa se intentó reducir cada audiencia judicial al seguir el libreto de un manual elaborado por las autoridades de inmigración. Y cuando llegaron los abogados, el tiempo que pudieron estar con sus cliente fue limitado.
Ya es lamentable que se realicen estos operativos espectaculares para capturar gente trabajadora y honesta. La política de separar familias es desalmada.
Es intolerable que por su condición de indocumentados las autoridades actúen con los detenidos como si la protección constitucional no les correspondiera. No hay justificación posible para aprovecharse de ellos.
La condición de ilegalidad de los detenidos no es excusa para que las autoridades decidan actuar fuera de la ley.







